Ha llegado, por fin, un decreto que huele a justicia. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en una de sus contadas decisiones que aplaudo sin reservas, ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa podrida del fútbol base. Con la Resolución N°01-2026, prohíbe terminantemente cobrar por el traspaso de jugadores aficionados y menores. Es un triunfo monumental para el talento crudo y una bofetada con guante de seda —que duele más— a un sistema corrupto y abusivo que durante años se ha enriquecido con la ilusión de los más humildes.
¿Qué celebraremos? Que se deroga el infame «Manual de Procedimiento de Compensaciones Administrativas», un eufemismo burocrático que legalizaba la extorsión. Bajo esa lógica perversa, un niño con los zapatos rotos pero con la gambeta mágica de un “Maradona” de barrio, veía su futuro bloqueado porque su familia no podía pagar 200, 500 o 1.000 dólares a un club o asociación regional. Ese era el precio oficial del sueño venezolano: la tarifa para que un burócrata con licencia federativa firmara un papel. Era una alcabala institucionalizada que filtraba talento no por calidad, sino por capacidad de pago. Así se han perdido, en el silencio cómplice de muchos, generaciones de cracks que nunca llegaron.
Pero la celebración viene con una denuncia feroz. Esta resolución no es una simple normativa; es un acto de contrición federativa y un juicio moral contra las prácticas de asociaciones y directivos que convirtieron la cantera en un negocio inmobiliario. Se lucraban del trabajo invisible del entrenador de barrio, quien pulía el diamante, para luego venderlo como si fuera de su propia cosecha. Cobraban “derechos de formación” que nunca invirtieron en un balón o en un botiquín. Eran —y ojalá dejen de serlo— revendedores de personas, traficantes de esperanzas infantiles.
La medida es brillante porque no solo prohíbe, sino que abre un flanco de batalla legal: ordena reportar cualquier cobro o traba al nuevo Departamento de Integridad. Es una invitación a la delación necesaria, a que las víctimas alcen la voz. Ahora, el verdadero desafío es la ejecución; que esta no sea otra “resolución zombi”, bonita en el papel pero muerta en la realidad. La FVF debe perseguir a los infractores con el rigor de un juez de línea en un clásico. El fútbol base no puede ser el patio trasero de la corrupción.
Aplaudo esta victoria. Pero mi aplauso es un puño en alto contra los que durante años pusieron precio al futuro de Venezuela. Su negocio, por suerte, acaba de quebrar.
